El 1 de enero de 1999 el gobierno de la Generalitat del PP implantó un nuevo modelo de gestión de la sanidad pública conocido como el de Alzira, que consiste en ceder suelo público a una empresa privada para que construya y explote un hospital durante 40 años, por lo tanto privatizar su gestión a manos de empresas con animo de lucro como Dragados, Lubasa, Cam, Bancaixa, Adeslas.
Por este servicio la Generalitat paga 571 € anuales por persona asignada a ese hospital, use o no los servicios, el problema viene dado cuando un servicio esencial como es la salud se convierte en un negocio y cómo la Generalitat indirectamente deteriora la sanidad pública en beneficio de este tipo de gestión especulativa.
Casos como los hospitales de Alzira, Torrevieja, Denia, Manises y los futuros hospitales de Elche y Crevillente serán de este tipo de gestión. En este sistema el gerente administra el hospital como si se tratase de una empresa privada, donde su único objetivo final es alcanzar el mayor beneficio posible ¿y cómo se consigue ésto?, pues ahorrando en gastos de personal sanitario y de medios para alcanzar una máxima rentabilidad, que repercutirá en las arcas de las empresas privadas participantes, y empeorará la calidad del servicio prestado al paciente.
Altas prematuras, no hay especialistas de guardia presenciales sino localizados, reducción de personal de enfermería, recorte del tiempo de atención al paciente; ya que los médicos cobran por objetivos cuanto más rápido despachen al paciente, cuanto menos receten, cuanto menor sea el tiempo de ingreso etc…
En el hospital de Torrevieja a todas las parturientas que lo piden les aplican la epidural , por el contrario en los hospitales próximos de gestión pública no. Esto tiene una explicación; estas personas que van a parir a Torrevieja y no pertenecen a este hospital son atendidas, pero a cambio la Generalitat paga por este servicio, por lo tanto el mismo gobierno autonómico bloquea la epidural en los hospitales cercanos de gestión pública para hacer más rentables estos modelos privados.
Estos hospitales también atienden a pacientes privados por lo tanto aparecen la dualidad de listas de espera, el que va por la seguridad social (que ya lo ha cobrado la empresa) y el que va con su seguro privado donde el hospital hace caja.
Lo más curioso es que en este tipo de hospitales solo se hacen cargo de las enfermedades más rentables ya que de los crónicos se hace cargo la pública, como en el caso de Denia, donde el viejo hospital a cargo de la gestión pública se queda para crónicos y el nuevo de gestión privada, para los tratamientos más rentables.
Lo más triste es que el gobierno central del PSOE es cómplice de todo esto ya que existe una ley la 15/97 que permite privatizar la gestión de la sanidad.
Si está ley fuese derogada las comunidades autonómicas no tendrían capacidad para poder privatizar nuestra sanidad por lo tanto Camps y su compañera Esperanza quedarían con las manos atadas frente a dicha cuestión.
Por favor seamos coherentes la sanidad es un bien no un negocio.
Ya se sabe a qué se dedica la clase dirigente actual, a llenarse los bolsillos a costa de nuestros impuestos, hay muchos intereses en la sanidad, cuando no son comisiones son participaciones en empresas sanitarias y así nos va.
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